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Delantero Trasero, De Febrero El 29 De 2004; 15.48GMT
¿Puede satisfacer España las aspiraciones políticas de los distintos pueblos que viven dentro de sus fronteras sin escindirse? Hay mucha gente en Cataluña y el País Vasco que se opone incluso a la idea misma de que dependa de Madrid la concesión de más competencias a sus gobiernos autónomos. Con una larga y complicada historia de acuerdos especiales con los cambiantes gobiernos españoles, prefieren pensar que son ellos los que conceden ciertos derechos inherentes a Madrid. Es una batalla que va ganando intensidad y los regionalistas son a menudo intencionadamente poco claros con respecto a sus objetivos finales. Galicia, que tiene un gobierno del PP, y Cataluña podrían estar a favor de una especie de “Autonomías Unidas de España”; pero algunos miembros del gobierno vasco anhelan la independencia total y el ingreso en la Unión Europea.

¿Qué pasa entonces con el federalismo, la sencilla idea de mantener un máximo de poder cerca de casa y el resto a nivel nacional? Al sur de los Pirineos este término sumamente elástico encuentra la horma de su zapato. “En España, el federalismo es una interminable discusión etimológica”, suspira Gustavo de Arístegui, diputado del PP por el País Vasco. Incluso el presidente catalán, Pasqual Maragall, que se define a sí mismo como “un federalista, no un nacionalista”, reconoce que es un término cargado de implicaciones. “En España, federalismo significa separatismo; en EE UU significa Washington”, dijo a TIME.

Independientemente de cuál sea la definición, la autonomía regional es una caja de gusanos particularmente desagradable de la política española, y por tanto no es de sorprender que tanto el PP como el psoe insistan en que ha sido el otro quien la ha abierto. El PP señala con horror (y un poco de regocijo electoral) la reunión clandestina de primeros de año entre dirigentes de eta y Josep Lluís Carod-Rovira, cuyo partido, Ezquerra Republicana, está en una coalición de gobierno con los socialistas en Cataluña. El anuncio de eta del 18 de febrero de que detendría su campaña de violencia, pero solamente en Cataluña (quizá como resultado de aquella negociación, aunque Carod-Rovira lo desmintió), dio un punto de razón hábilmente cínico al argumento del PP de que hablar con los terroristas conducía a desabridos acuerdos separados y que los socialistas estaban contaminados por la asociación.

La campaña de Zapatero quedó vulnerada por los acontecimientos en Cataluña que, según los socialistas, han sido explotados por el PP. Zapatero ha prometido dar “una lección” al partido en el poder formando un gobierno “que no busque rentabilidad electoral en el terrorismo, la constitución o la unidad de España”. El PP insiste en que la devolución de poderes ha ido ya lo bastante lejos; en efecto, según Arístegui, con la constitución de 1978, “España es ahora el país más descentralizado de Europa”, con 17 autonomías que administran cerca del 60% del gasto público.

Incluso después de que el PP tomase el poder en 1996 con Aznar, la responsabilidad de salud y educación se ha traspasado a todas las comunidades casi en su totalidad. Además de esto, los catalanes y vascos tienen sus propias fuerzas policiales y su propio derecho civil. Los gobiernos del País Vasco y de la vecina Navarra tienen autoridad fiscal casi completa; establecen y recaudan sus propios impuestos, y renegocian cada pocos años una cuota anual que se paga a Madrid por los servicios suministrados por el gobierno central. Pero los gobiernos vasco y catalán quieren más, y el PP y muchos otros españoles, resentidos por las exigencias de un estatus especial de dos de las regiones más ricas del país, no están por la labor de dárselo.

El gobierno vasco dejó clara su postura el pasado octubre, cuando el presidente del gobierno autónomo, Juan José Ibarretxe, presentó su propuesta de hacer del País Vaso un “estado libremente asociado” a España, con un sistema judicial distinto y representación separada en la UE. Ibarretxe dice que celebrará un referéndum para ver qué piensan los vascos de su plan, que según él no es una propuesta de independencia, aunque casi todos los demás partidos afirman que es un primer paso. El “plan Ibarretxe” recibió ataques tanto desde la oposición socialista como desde el gobierno.

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