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Delantero Trasero, De Febrero El 29 De 2004; 15.48GMT
Zapatero ha pedido a Ibarretxe que retire su plan, advirtiendo que “el no hacerlo sólo contribuirá a una mayor división del País Vasco”. Rajoy afirmó que “asume los mismos objetivos que eta”, es decir, separación de España, y el PP se aprestó a la batalla. En noviembre consiguió que se aprobara una ley, dirigida claramente a Ibarretxe, que establece una condena de tres a cinco años a quien convoque un referéndum sin la autorización del Parlamento español. Dado que el plan Ibarretxe es solamente una propuesta que no se ha sometido a votación en el Parlamento, muchos analistas legales sostienen que el gobierno de Aznar fue demasiado lejos al invocar al Tribunal Constitucional ante un debate político y no ante una ley concreta.
El gobierno, cuyas encuestas internas han indicado que el terrorismo es la principal preocupación pública, ha calculado — al parecer, correctamente – que una línea dura sería bien acogida por la mayoría de los españoles. Para Arístegui, el plan Ibarretxe es una prueba de “la hipoteca que el Partido Nacionalista Vasco (PNV) tiene que pagar a eta: si no siguen presionando por el separatismo, los terroristas les matarán o bien harán pública su relación con el partido”. El gobierno vasco dice a cada paso que se opone a eta y sostiene que la lectura de Arístegui es deliberadamente crispada con la intención de provocar miedo en lugar de debate.
“El terrorismo se ha convertido en una excusa para impedir el diálogo político”, dice Idoia Zenarruzabeitia, vicepresidenta del gobierno vasco. “El gobierno del PP está usando esto [el plan] como excusa para reducir el alcance de nuestra democracia y restringir drásticamente las libertades civiles”. Ella mantiene que el plan
Ibarretxe se limita a insistir sobre unos derechos prometidos implícitamente al País Vasco en la Constitución, pero nunca materializados. “El Estado español tiene tendencia a absorber todo hacia el centro”, dice. “No admite que el acuerdo alcanzado hace 25 años fue el de establecer un Estado auténticamente descentralizado”.
Esta postura es cuestionable: hubo claramente más dispersión que absorción de poder en ese tiempo. Pero Cataluña también ha planteado argumentos similares desde noviembre, cuando los socialistas de Maragall lanzaron un gobierno de coalición con Ezquerra Republicana y un pequeño partido verde de izquierdas. “Tenemos una constitución de 25 años que ha llegado todo lo lejos que podía siendo como es”, dice Maragall. “Esta Constitución sirvió para crear España tal y como es ahora, pero no es la adecuada para hacernos avanzar”. Dice que, para empezar, las parcelas más conservadoras de la sociedad española — incluso el propio Aznar — aceptaron la Constitución “rechinando los dientes”. “Ahora que han llegado al poder”, sostiene, “han decidido paralizar en el tiempo este organismo legal vivo”.
Las elecciones han caldeado el debate sobre la Constitución española hasta un punto crítico. La intervención de eta en la campaña y la consiguiente reacción negativa son recordatorios aleccionadores de que el miedo sigue teniendo enorme influencia en la política española. Estas dificultades nos demuestran lo endiabladamente compleja que es la ecuación que tiene que resolver la Constitución española. Su innovadora configuración de centros asimétricos de poder ha hecho que España salga adelante tras una primera mitad del siglo XX sangrienta y represiva. Puede que España tenga que seguir innovando en temas constitucionales, como lo ha hecho en otros terrenos. Las regiones no le van a permitir la opción de quedarse inmóvil.
Con información de Jane Walker/Madrid y Enrique Zaldúa/Barcelona
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