Superficialmente parecen una pareja dispareja. Hijo de trabajadores inmigrantes, uno de ellos creció en una casa sin agua caliente y sin teléfono. El otro es el primogénito de una rica y poderosa dinastía política. Pero Alberto Gonzáles y George W. Bush se han unido en el esfuerzo por edificar un poder ejecutivo mucho más fuerte. Persuadido por el aquel entonces gobernador Bush, Gonzáles dejó su lucrativa práctica de leyes en Houston y se convirtió en su abogado principal en 1994. Más tarde, Bush colocó a Gonzáles en la corte suprema de Texas y cuando Bush llegó a la presidencia, lo hizo abogado de la Casa Blanca. Este año el presidente lo nombró fiscal general de la nación, convirtiéndolo así en el primer hispano en ocupar ése cargo.

Y fue justamente allí donde Gonzáles se erigió como el arquitecto de la política de Bush para incrementar la influencia de la Casa Blanca. Antes del 11 de septiembre, asesoró a la administración en asuntos relacionados con la divulgación de sus relaciones con ejecutivos de la industria energética. Después de los ataques, Gonzáles ayudó a redactar el Patriot Act, que amplió el poder federal en nombre de la guerra contra el terrorismo. Su rol también fue relevante en la selección de candidatos conservadores al poder judicial y, quizá en un tono más controversial, estuvo involucrado de manera protagónica, en las reuniones y memorandums que establecieron los principios para el tratamiento de terroristas capturados fuera del suelo americano. Este historial causó que su ratificación por el senado para su actual cargo fuese más reñida de lo que se esperaba, 60-36 a su favor.

Gonzáles ha traído al Departamento de Justicia, un tono más mesurado que su predecesor John Ashcroft, sin alterar demasiado su curso o su devoción por las metas que lo vincularon a Bush en primera instancia. Hasta ahora se ha mantenido cerca del presidente, lo que le podría valer una nominación para la Corte Suprema antes de que el presidente termine su mandato.